Por Dra. Francisca Crispi, Presidenta de Colmed Santiago.

El aumento sostenido de hechos de violencia en centros de salud no solo pone en riesgo a quienes trabajan en ellos, sino también a toda la población que depende de la red. Hace algunas semanas, el Hospital El Pino se quedó sin gastroenterólogos, luego de que los profesionales renunciaron tras sufrir permanentes y violentos asaltos en los alrededores. En San Miguel, una doctora terminó con fractura nasal y en Puente Alto una funcionaria fue apuñalada.

Durante 2024 se registraron más de 10 mil agresiones a trabajadores de la salud en el país. Solo en la RM se reportaron 4.387 incidentes, en su mayoría contra mujeres. Las agresiones verbales siguen siendo las más frecuentes, pero también se reportan hechos graves como violencia física, amenazas, robos y otros delitos. Lejos de ser casos aislados, es un fenómeno estructural que tiende a normalizarse. 

Con todo, durante los últimos años se han registrado avances, de los cuales hemos sido parte como institución. El desarrollo de mesas de seguridad en los servicios de salud ha permitido reunir a autoridades, representantes de la sociedad civil, equipos clínicos, municipios, Carabineros y Fiscalía para buscar soluciones conjuntas. Sin embargo, aún falta dotarlas de una metodología más robusta y sistemática, que permita obtener resultados concretos.

Asimismo, las marchas exploratorias implementadas por la Delegación Presidencial en los centros de salud más expuestos han sido experiencias valiosas: observar el entorno de los recintos con una mirada ambiental ha permitido detectar necesidades específicas y riesgos que pasan inadvertidos desde las oficinas. Capítulo aparte es contar con los recursos para implementar las soluciones planteadas.

También son destacables alianzas virtuosas, como el convenio entre el Hospital El Pino y la Fiscalía Metropolitana Occidente, que busca agilizar la tramitación de casos judiciales relacionados con agresiones a funcionarios. Como Colegio Médico Santiago, estamos trabajando para ampliar esta estrategia a otros servicios.

Otro anuncio importante fue el Plan de Protección Policial, que priorizaría 126 centros de salud del país, 42 de ellos en la RM, anunciado en noviembre de 2024 desde el Ministerio del Interior, y que esperamos conocer los avances en su implementación y resultados. Además, la creación del Registro de Agresiones a Funcionarios de la Salud (RAFDS) desde el Minsal, herramienta clave para dimensionar la situación. 

El problema es que muchos funcionarios desconocen su existencia o utilidad, generando un subreporte que limita su potencial. Del mismo modo, si bien se han implementado protocolos de actuación en algunos recintos, todavía no existe una política que garantice su aplicación en toda la red, con pertinencia local y sin depender de la voluntad de cada establecimiento.

La envergadura y profundidad del problema requiere una política de seguridad en salud, con lineamientos y financiamiento exclusivo. No es razonable que los presupuestos ya limitados del sector salud deban ser usados para instalar cámaras de vigilancia o reforzar accesos. Debe existir una acción coordinada, que permita resguardar la seguridad en los centros de salud. Proteger al personal de salud es una condición básica para garantizar el derecho a la salud de la población.

Carta Publicada en el Diario La Segunda el 25 de agosto de 2025.